El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Martínez, ha anunciado la petición que va a formular en la Asamblea Regional para reabrir, “de forma urgente”, la comisión de Financiación Autonómica. “Qqueremos que el consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, acuda al parlamento a dar cuenta a los grupos políticos y al millón y medio de murcianos, de la auditoría encargada por el Gobierno regional, que cifra el perjuicio económico ocasionado por el nefasto modelo de financiación aprobado en 2009 en 7.519 millones de euros”, ha explicado.

El portavoz parlamentario ‘popular’ considera que la comisión de Financiación “es el foro más adecuado para abordar la reforma que desde nuestro partido hemos impulsado para blindar en el Estatuto de Autonomía la compensación por el daño económico que ha sufrido la Región”. “Se trata de aportar la máxima transparencia ante un asunto que es vital para el futuro de la Región de Murcia que pasa por el reconocimiento de esa deuda” ha dicho.

Víctor Martínez ha subrayado que “una vez reconocido el déficit de financiación en 7.519 millones de euros no podemos mirar hacia otro lado y nuestra obligación es acelerar los trabajos para garantizar el reconocimiento por ley del daño económico y el procedimiento para resarcirlo, con plazos y fechas concretas de devolución”. “Somos con Valencia, la comunidad autónoma peor financiada de España y recibir los fondos que nos corresponden es un derecho de todos los murcianos que debemos proteger” ha añadido.

El portavoz del PP en el parlamento confía en el apoyo del resto de fuerzas políticas para reanudar el trabajo en la Asamblea Regional “y que podamos consensuar una propuesta que no debe tener color político porque se trata de defender con fuerza en Madrid algo que en justicia nos corresponde”.

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una proposición de ley que plantea una reforma exprés del Estatuto de Autonomía que reconoce, por esta vía legal, la infrafinaciación de la Región de Murcia y determina el procedimiento para abordar, entre las administraciones central y autonómica, su compensación.