El Partido Popular, a través de una moción en la Asamblea Regional, ha solicitado al Gobierno de España que “adopte las medidas necesarias para aplicar una reducción del 50% en el precio de los términos de potencia y energía en la factura eléctrica a aplicar a los procesos productivos de las empresas pertenecientes al sector agrícola y ganadero”, con el fin de “mitigar los efectos de la crisis del COVID-19”. 

Jesús Cano, promotor de la iniciativa, ha afirmado que “la dirección en la que hay que avanzar es la de reducir costes de producción a un sector que emplea todos sus esfuerzos para que el aporte de alimentos a la población no cese”. 

 “Los datos de Contabilidad Nacional relativos al sector agrícola que han sido publicados por el Instituto Nacional de Estadística recientemente, han puesto de manifiesto un desplome del PIB y del empleo en el sector agrario, del 6% en el PIB y del 4,5% en el empleo”, ha recordado Cano, que además ha apuntado que “si enfrentamos los datos con los de años anteriores, observamos que, mientras que la agricultura creció el 5,9% en el ejercicio 2018, en el 2019 sufrió un retroceso del 2,6%”. Un dato que “es negativo en sí mismo, pero lo es mucho más si tenemos en consideración que la economía nacional ha crecido un 2% en el mismo período”. 

“Nos encontramos con que la destrucción de empleo ha tenido una incidencia directa en el sector agrícola y, en particular, en las regiones más vulnerables”, ha lamentado Cano, que ha añadido que “todo ello ha venido a certificar la vulnerabilidad de un sector que ha visto crecer los costes de producción de forma ininterrumpida en los últimos años, mientras que los precios de venta no crecían, o no lo hacían en la misma medida”.  

Al hilo, Jesús Cano ha señalado que “en un sector que ya estaba “tocado” por los bajos precios de los productos agrícolas, el fuerte incremento del S.M.I., decretado unilateralmente por el Gobierno de Sánchez, ha sido la gota que ha colmado el vaso”. 

“El Gobierno central ha aprobado un Decreto-Ley con medidas que tratan de evitar la venta a pérdidas, en un claro intento de contrarrestar la crisis desatada en el campo”, ha señalado Cano, pero, según sus palabras, “la citada norma, cuya efectividad real suscita dudas razonables, ha sido recibida con desdén y calificada como insuficiente por los propios agricultores”. Al respecto, ha explicado que “entre las medidas contempladas en la norma no se encuentra ninguna dirigida a reducir los costes de producción para las empresas del sector y que pudiera, al menos en parte, contrarrestar el incremento de más del 30% de los costes laborales que se deriva de la subida del S.M.I”. 

El parlamentario autonómico ha subrayado que “precisamente, la dirección en la que hay que avanzar es la de reducción de costes de producción para el sector”, y, para ello, “se dirige la atención a uno de los aspectos que más peso tiene en esos costes, como es el agua de riego y los costes energéticos asociados a la su captación, producción transporte y distribución”. 

“Este capítulo de los costes es muy relevante en el sector, pero muy especialmente en la Región de Murcia y en el arco mediterráneo, en los que el uso del agua desalinizada se ha generalizado debido a la escasez de recursos convencionales y a los recortes en los trasvases del Tajo al Segura”, ha resaltado Cano, que la hilo ha añadido que “la factura eléctrica representa aproximadamente el 80% de todos los costes variables de una planta desalinizadora de agua de mar”. 

“En este contexto, y a pesar de la mala situación que estaba arrastrando el sector de agrícola de nuestro país, y en especial el de la Región de Murcia, hemos visto cómo en los últimos dos meses, y ante los problemas de suministro de alimentos en cantidad y calidad suficientes a los mercados españoles y europeos, nuestros agricultores han hecho todos los esfuerzos que han sido necesarios para que el aporte de alimentos a la población no cesara”, ha afirmado Cano. 

“Por tanto, vista la situación generada, no solo es importante asegurar el abastecimiento de productos sanos y saludables, sino que es fundamental tener estos centros de producción dentro de nuestras fronteras, ayudando a nuestros agricultores en aquellos momentos que los costes hacen inviable la producción, con el riesgo de abandono de campos de cultivo”, ha concluido Jesús Cano.