La Asamblea aprueba, a petición del Partido Popular, el traslado al Gobierno de la Nación de las necesidades recogidas en el Pacto por la Justicia de la Región de Murcia. Esta moción, defendida en la sesión plenaria por la diputada regional Miriam Guardiola, ha salido adelante “con el no vergonzoso del PSOE y de Podemos” y ha apuntado que “dan la espalda a medio centenar de colectivos, a más de 540 participaciones y a casi mil aportaciones de ciudadanos”. 

Guardiola ha afirmado que “una justicia sin medios no es justicia y una justicia tardía es otro tipo de injusticia” y que “es un hecho constatable” que la Región de Murcia sufre una infradotación de medios humanos y materiales en la administración de justicia y, de esta forma, “la Administración no puede funcionar bien, de manera digna y en condiciones, a pesar de los esfuerzos de todos los agentes judiciales”. 

“El Gobierno de España podría haber solucionado este problema con los Presupuestos Generales del Estado y, de nuevo, la ha dejado pasar”, ha destacado la diputada. “Un año más, sin noticias del Palacio de Justicia de Molina, con una dotación irrisoria para la Ciudad de la Justicia y otra más que deficiente para Lorca”. También, “sin una dotación para la cuarta planta de fiscalía de la Ciudad de la justicia de Murcia y sin articular mecanismos que garanticen una retribución digan y justa de los abogados del turno de oficio”.  

“Esta falta de medios hace que la tramitación y resolución de los procesos judiciales se dilaten en el tiempo”, ha lamentado Guardiola. “Por ponerles un ejemplo, los juzgados de lo civil tardan más de 10 meses en resolver un asunto en primera instancia, muy por encima de la media nacional que se encuentra en 7,4 meses y muy lejos de Asturias, Navarra, La Rioja o Aragón donde tardan menos de la mitad, entre 4 y 5 meses”. 

Los ciudadanos de la Región tienen asignados 10 jueces por cada 100.000 habitantes mientras que Asturias dispone de casi 15 jueces por el mismo número de habitantes, 14 Cantabria o 13 Castilla y León. En cuanto al número de fiscales, la Región cuenta con la ratio más baja de toda España, con un fiscal por cada 23.846 habitantes y la tercera comunidad con mayor carga de trabajo. “Debemos reivindicar ante el Ministerio de Justicia una mayor dotación de recursos que nos iguale al resto de comunidades autónomas”, ha afirmado. En concreto, se necesitarían 27 nuevas unidades judiciales y 15 nuevos fiscales para que la Región se equipare a la media nacional. 

Asimismo, según el último informe del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia y el informe elaborado por Mora-Sanguinetti y Marta Martínez Matute, “los retrasos en la justicia y sus colapsos afectan directamente al PIB, al desempleo y a la creación de empresas”. 

Además de los perjuicios económicos, “no podemos olvidar que la justicia es una herramienta de cohesión social, pacificadora, corregidora de desigualdades, instrumento de equidad, de defensa de nuestros derechos y libertades y garante de la legalidad y de nuestro Estado social y democrático de derecho”, ha incidido Guardiola. 

En el año 2019, en el acto de apertura del año judicial tanto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el Fiscal Superior instaron a las autoridades presentes a alcanzar un acuerdo por la justicia que diera soluciones a las necesidades de los ciudadanos y de la Administración de justicia. El presidente Fernando López Miras “recogió esta petición y se alcanzó un gran pacto regional por la justicia que ha contado con la participación de más de medio centenar de agentes sociales y colectivos, más de 540 participaciones y casi mil aportaciones de ciudadanos”. 

Aún así, “los partidos que sustentan al Gobierno central han protagonizado un infame y indigno teatro de falso desdén hacia un pacto que nació sin ningún cariz político y sin más voluntad que elevar la voz y las necesidades de nuestros ciudadanos ante quien corresponde, que es el Ministerio de España”, ha puntualizado Guardiola. 

“No nos sorprende su fingido desprecio y falsa ofensa aduciendo que no es un pacto de consenso, cuando el mayor consenso son las aportaciones de los colectivos y las cartas de adhesión de más de 40 instituciones apolíticas de reconocidísimo prestigio”, ha afirmado. “Tampoco nos sorprende su desdén cuando son partidos que están demostrando no creer ni defender la justicia”. 

“En estos momentos de incertidumbre, donde es más importante que nunca blindar nuestra justicia y respetar nuestro sistema judicial, se hace más necesario que nunca este gran Pacto Regional por la Justicia, que, como diría Ulpiano, no es más que la continua y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Es justicia que respetuosamente pido.”, ha concluido la ‘popular’.