El diputado regional del Partido Popular, Víctor Martínez-Carrasco, ha manifestado que “el Gobierno regional seguirá utilizando todos los instrumentos legales para paliar los daños de la nefasta Ley Celaá en la Educación”. Son palabras que ha pronunciado en respuesta a declaraciones vertidas al respecto desde el PSRM. 

“Fernando López Miras garantiza la libertad educativa en la Región y mantiene principios como el esfuerzo, el mérito, la excelencia y la calidad de la Educación”, ha apuntado Martínez-Carrasco. 

El diputado ‘popular’ ha afirmado que “el Real Decreto que desarrolla esta Ley, y que permite pasar de curso con suspensos, lleva consigo una tremenda inseguridad jurídica, en primer lugar para el propio profesorado, tal y como han denunciado distintas asociaciones de profesores y sindicatos de educación”, y ha añadido a continuación que “creará agravios entre centros educativos debido precisamente a que cada claustro de profesores decide qué hacer con cada alumno, lo que supondrá un ataque a la igualdad de oportunidades”. 

“Pero, sobre todo, dejar en el equipo docente, y no en criterios objetivos e iguales para todos basados en principios como el esfuerzo y la superación, la decisión de si un alumno repite o no curso condena a nuestros jóvenes a una educación de segunda y a no ser competitivos cuando deban salir a someterse a los rigores del mercado laboral”, ha lamentado Martínez-Carrasco. 

Al hilo, el parlamentario autonómico ha asegurado que “lo que no vamos a hacer es entrar en el juego del PSOE de pretender ocultar los altos índices de fracaso escolar que presentamos en España por medio de ‘aprobados generales’”, que, ha añadido, “es cierto que fomentan la igualdad, pero en la mediocridad”. 

Martínez-Carrasco ha recordado que “el Gobierno regional ya ha tenido que tomar medidas para proteger a la educación concertada y garantizar la libertad educativa”, y ha puesto como ejemplo que “en la Región de Murcia el decreto de admisión ha permitido que el 95 por ciento de las familias murcianas hayan elegido el modelo educativo y el centro de sus hijos con total libertad, invalidando de esta forma aspectos de la Ley Celaá”.  

“Seguiremos utilizando todos los recursos que la legalidad permita para continuar defendiendo un sistema educativo de calidad que garantice el futuro de nuestros jóvenes”, ha concluido Víctor Martínez-Carrasco.