La diputada del Partido Popular, María Dolores Valcárcel, ha asegurado durante la sesión plenaria que “el Gobierno de Sánchez quiere seguir haciendo caja con la inflación, que ya roza el 10 por ciento” y, a pesar de ello, “se niega a deflactar el IRPF y a bajar impuestos, lo que supone que un contribuyente pague más a Hacienda cuando su poder adquisitivo no ha aumentado y esta situación es insostenible para el autónomo y para las familias”. 

El Partido Popular ha presentado una moción sobre la Armonización fiscal, aprobada hoy en la Asamblea Regional con los votos en contra del Grupo Socialista y Podemos. “El Partido Socialista, Podemos y sus socios pretenden eliminar una autonomía financiera que nos corresponde a todas las comunidades autónomas, que viene establecida en la Constitución Española, artículo 156.1, en la LOFCA, en su artículo 19 y en el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, en su artículo 40”, ha denunciado la ‘popular’. 

“El efecto del IPC en el IRPF ya cuesta 1.430 euros por hogar, una recaudación que está ya está en máximos históricos y la inflación escala hasta cotas que no se veían desde los años 80”, ha lamentado Valcárcel, para añadir que “la principal preocupación que tiene hoy cualquier español es su economía, por ello, el 74 por ciento de los españoles pide que se baje la presión fiscal”, ha afirmado. “Es un clamor social que la problemática fiscal está en el centro de las preocupaciones ciudadanas”. 

Una encuesta encargada por el Ministerio de Hacienda demuestra que “el 85 por ciento de los contribuyentes rechaza la armonización fiscal defendida por el Gobierno del PSOE y Podemos”. Además, un barómetro de GAD3 arroja que el 70 por ciento de los votantes del PSOE y el 60 por ciento de quienes apoyan a Podemos consideran que es hora de bajar los impuestos, “en línea con el sentir general que expresa el 74 de ciento de los españoles”. 

En los dos primeros meses del año, “el Gobierno de España lleva recaudados 7.500 millones de euros, cuando en el presupuesto tenían presupuestado para todo el año casi 9.000 millones de euros”, ha denunciado, “se trata de un excedente de recaudación, de unos ingresos que son extraordinarios”. 

Por ello, “el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado un paquete de medidas de aplicación inmediata, coherentes, que puede devolver 10.000 millones de euros a las familias y autónomos, bajando impuestos y haciendo eficiente el gasto público”, ha recalcado. Pero, “el Gobierno de España y sus socios, no solo no quieren bajar impuestos, sino que además tiene preparada una armonización fiscal, que es una subida encubierta de impuestos”. 

Las comunidades autónomas que no están gobernadas por el Partido Popular también han puesto en marcha las mismas bonificaciones fiscales que Madrid, Andalucía, Castilla-León, Murcia o Galicia en impuestos, como el de sucesiones y donaciones, y es que “hoy en día, el gobierno de cada comunidad puede decidir libremente si aumenta o reduce la fiscalidad a sus ciudadanos”. 

Por eso, desde el Grupo Parlamentario Popular “no estamos de acuerdo con la eliminación de la actual autonomía fiscal de la que gozamos las comunidades autónomas y menos aún con el hachazo fiscal que propone el Gobierno de Sánchez”, ha incidido Valcárcel, para explicar que “se trata de un hachazo fiscal que se inició con diferentes medidas incluidas en los presupuestos generales del Estado como, la subida del impuesto de matriculación, de sociedades, la reducción de los beneficios fiscales en los planes de pensiones y con  la aprobación de la Ley de Residuos”. 

El Partido Popular ha exigido al Gobierno España que siga el ejemplo de otros países europeos como Portugal, Alemania, Francia o Italia, que en los últimos años han puesto en marcha sucesivas rebajas de impuestos para apoyar a las clases medias y bajas, e impulsar la recuperación económica, “y estas medidas se pueden poner en marcha, con la recaudación extra obtenida y con la optimización del gasto público”. 

El Instituto de Estudios Económicos ha identificado en su último estudio 60.000 millones de euros de gasto público ineficiente, siendo la recaudación tributaria en 2021 de 223.400 millones de euros. “Esto significa que 1 de cada 4 euros de ingresos fiscales se va por el sumidero del despilfarro” y que “se podría bajar el gasto en 60.000 millones de euros sin que ello supusiese perder prestaciones y servicios”, ha finalizado Valcárcel.