El Grupo Parlamentario Popular, ha presentado una moción en la Asamblea Regional en la que exige al Gobierno de Pedro Sánchez la retirada inmediata de los mapas de Zonas de Flujo Preferente “ante la evidente ausencia de rigor y criterio técnico, sumado a la absoluta indefensión a la que se ha condenado a los miles de ciudadanos damnificados por esta medida”. 

Una vez corregido este problema, el GPP propone crear un grupo de trabajo compuesto por las administraciones locales afectadas, el Gobierno regional y el Gobierno de la Nación para revisar los mapas de zonas inundables, desarrollar el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación y, tras sus conclusiones, formular propuestas de mejoras normativas. 

“En este proceso, al contrario de lo que ha hecho el PSOE hasta el momento, exigimos que se establezcan canales de participación ciudadana directa, que cuenten con las personas”, han denunciado los diputados regionales del Partido Popular e impulsores de esta iniciativa, Mari Carmen Ruiz Jódar y Jesús Cano. 

“No podemos tolerar que el gobierno socialista de Sánchez se valga de todo el poder de las administraciones que controla para convertirlo en un arma de expropiación general contra los vecinos”, ha señalado Ruiz Jódar. Todo ello, “agravado por el hecho de que no han enviado ni una sola notificación informativa a los damnificados avisándoles de lo que estaba pasando”. 

Desde el GPP han manifestado que la delimitación establecida en los nuevos mapas de zonas de flujo preferente confeccionados desde el Ministerio de Transición Ecológica, “no refleja la realidad de gran parte de los terrenos afectados”. Se trata de una figura urbanística más restrictiva que las zonas inundables, puesto que se prohíbe cualquier tipo de construcción, “lo que supone una expropiación encubierta de los terrenos y la ruina total para los propietarios”. 

En ese sentido, la diputada Ruiz Jódar ha destacado que “la única opción que les queda a los damnificados es someterse a redactar reclamaciones dentro de un periodo de alegaciones que concluye el próximo 6 de septiembre”. Esto quiere decir que tienen que “buscarse la vida”, pagar estudios de parte y realizar un “ejercicio de fe”, a la espera de obtener una respuesta del Gobierno central a través de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Asimismo, ha recordado que en el periodo de alegaciones de hace unos meses “los vecinos no obtuvieron siquiera respuesta”. 

La CHS ha ofrecido hasta la fecha “hasta tres versiones distintas de sus controvertidos mapas en apenas unos meses, lo que denota la falta de rigor y criterio técnico”. Es más, “consideramos que existen fundamentos técnicos para afirmar que se basan en simplificaciones, hipótesis cuestionables o datos desfasados, cuyo resultado conjunto da lugar a errores en las delimitaciones, de forma que es necesaria su revisión”. 

Por su parte, el secretario ejecutivo de Agua del PPRM y diputado regional, Jesús Cano, ha señalado que “este proceso está viciado de origen”. Ahora que los ciudadanos solicitan “con más insistencia y razón que nunca” formar parte de los procesos de las diferentes administraciones, “se encuentran con un proceso viciado, realizado a sus espaldas y derivado de unos mapas que no reflejan la realidad de los terrenos afectados”. Por ello, “el Gobierno de López Miras representa y defiende el interés global de la Región y no puede aceptar un estrangulamiento socioeconómico, teniendo en cuenta que se trata de una cuestión que carece de rigor”. 

“Es necesario crear un grupo de trabajo para proponer las reformas legislativas sobre estas zonas de flujo preferente y las superficies inundables en un plazo máximo de un año”, ha destacado Cano. “Durante ese plazo se debería aplicar un mecanismo transitorio de suspensión o moratoria que permita la continuidad de la actividad en marcha, sin disrupciones traumáticas, con criterios similares a los usados hasta ahora”. 

Asimismo, el ‘popular’ ha propuesto que “se proceda a recalcular los modelos para ajustarlos a la realidad, incluyendo las preceptivas calibraciones en campo, consulta de datos históricos y someter el resultado a los preceptivos trámites de audiencia pública que permitan la detección y corrección de errores”. 

Desde el PP han subrayado que la solución a un problema por parte de la CHS no puede ser “crear un problema más grande”, sino que es necesario que se planifiquen y ejecuten las infraestructuras de defensa contra inundaciones en las zonas ahora consideradas vulnerables. “Lo que no se puede hacer es arruinar a la gente y expropiarles sus tierras sin indemnización alguna, dejándolos en la estacada, y encima sin avisarles, sin ni siquiera remitirles una mínima información de lo que sucede”, ha finalizado Cano.