El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una moción en la Asamblea Regional en la que insta al Gobierno de España a que establezca una moratoria hasta el 31 de diciembre de 2023 en la aplicación de los nuevos impuestos sobre los envases de plástico no reutilizables y sobre el depósito de residuos en vertederos.

Esta iniciativa, ha explicado el diputado regional del PP Juan Antonio Mata, surge con el con el objetivo de “evitar empeorar aún más la situación económica de familias, empresas y entidades locales ante esta crisis”.

Estos nuevos impuestos, regulados en el título VII de la Ley 7/2022 de 8 de abril de Residuos y suelos contaminados para una economía circular, serán exigibles a partir del día 1 de enero de 2023.

El impuesto sobre envases de plástico no reutilizables gravará con 0,45 euros cada kilogramo de plástico que contengan los productos que compramos y supondrá unos ingresos para el Estado de 2.000 millones de euros anuales. “Este nuevo impuesto, sumado a los numerosos costes que ya soportan las empresas, revertirán en un nuevo aumento de los precios de la alimentación en un 7%, que se sumaría a la subida exponencial de la inflación, para compensar los cambios que debe realizar el sector y sus costes añadidos”, ha denunciado Mata.

Con relación al impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la ley establece el pago de un nuevo impuesto que grava con 40 euros cada tonelada llevada al vertedero y 20 euros por tonelada incinerada de residuos no aprovechados. “Si tenemos en cuenta que en España se llevaron a vertedero un total de 12 millones de toneladas en 2017, con este nuevo impuesto el Gobierno de la Nación recaudará 480 millones que deberán abonar los ayuntamientos y que probablemente serán repercutidos a los ciudadanos a través del pago por la recogida y gestión de los residuos domiciliarios”, ha incidido el diputado.

“La situación actual de crisis está provocando el empobrecimiento de las familias y poniendo en grave riesgo la estabilidad de las empresas debido a la subida de la inflación, los combustibles y la energía”, ha asegurado el ‘popular’. Estas subidas generalizadas están provocando además un esfuerzo enorme por parte de las entidades locales para mantener los servicios públicos”. Por tanto, ha continuado “no es el momento de sobrecargar aún más la economía”.

Teniendo en cuenta que la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, establece la fecha límite del 31 de diciembre de 2023 para que los biorresiduos se recojan de manera separada, “sería lógico que sea a partir de esa fecha cuando se implanten los nuevos impuestos, dando tiempo a las entidades locales a implantar nuevos sistemas de recogida y a potenciar la recogida selectiva, reduciendo así la entrada de residuos a vertedero”, ha finalizado el diputado.