El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, tras la Junta de Portavoces, ha pedido la comparecencia de la delegada del Gobierno ante la Comisión de Asuntos Generales de la Asamblea para que dé explicaciones sobre el campamento del Hospital Naval. Además, ha exigido su cierre, así como conocer “por qué el Gobierno de Pedro Sánchez no cumple con el plazo para abordar la situación”.

 

En esa línea, Segado ha asegurado que ese campamento “no es una alternativa humanitaria para resolver la situación de estas personas”. De hecho, este campamento tiene una capacidad máxima de 600 personas, “pero el Ayuntamiento de Cartagena detectó la presencia de 750 atendidos en estas instalaciones” y, además, “no tenemos ninguna información sobre su destino, si necesitan ayuda o si están bien”.

 

Al hilo, ha destacado, “es inaudito que este tipo de campamentos tenga esta sobrecapacidad, al igual que ha ocurrido durante los meses que lleva abierto el complejo”. Además, ha recordado, “iba a ser provisional y temporal”.

 

El Gobierno central se comprometió a que estas instalaciones estarían operativas del 17 de noviembre hasta el 31 de marzo, “pero no va a ser así”. Esto es algo que “ya sabíamos”. “Se han reído y han mentido a todos los cartageneros”.

 

“Hay que tratar esta situación y, ésta, no es la manera”, ha manifestado Segado. Además, ha recordado que el ministerio, cuando impulsó el campamento, ya advirtió de que “era un gran error”. Por lo tanto, ha preguntado el portavoz, “¿Por qué entonces no han tomado ya ninguna medida? El Gobierno central es conocedor que Cartagena es uno de los puntos de recepción de pateras”.

 

Es por esta razón que el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a demostrar “su incapacidad para gestionar la inmigración”. “Estamos hablando de personas”, por lo que es necesario dotar a las ONG de recursos “para que puedan hacer seguimiento de estas personas fuera del campamento y orientarlas si fuera necesario”, ha asegurado.

 

Segado ha concluido diciendo que es “urgente” que se ponga fin al problema que la inmigración ilegal, masiva y descontrolada ocasiona. “Queremos una política migratoria clara, pero cada día la acción del Gobierno de España, en Cartagena y en toda la Región de Murcia, se ha convertido en un chollo para las mafias que trafican con personas”.