El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en la Asamblea Regional una moción en la que exige al Gobierno de España a poner en marcha los mecanismos pertinentes para garantizar el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad, suprimiendo las barreras que padecen en sus relaciones con la Administración de justicia.

La diputada regional del PP Sonia Ruiz, defensora de la iniciativa, ha incidido en que el Gobierno central debe actuar para “establecer la igualdad de las personas con discapacidad en los procedimientos judiciales, estableciendo las salvaguardas oportunas para posibilitar la participación en las mismas condiciones”.

En esta línea, la diputada ha destacado que se debe asegurar la realización de ajustes de procedimiento adecuados al sexo y la edad; acometer reformas de alcance en los sistemas, dispositivos y cauces jurisdiccionales; facilitando el uso del método de comunicación de su elección en las interacciones judiciales, lo que comprende la lengua de signos, el braille, la lectura fácil, los subtítulos, los dispositivos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás medios, modos y formatos de comunicación accesibles. 

Ruiz ha recordado que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 12 que “ninguna persona con discapacidad puede ver menoscabados sus derechos a la igual capacidad jurídica por razón de discapacidad”. El igual reconocimiento ante la ley es “esencial” en el contexto de los derechos humanos. 

Por otro lado, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidades (CERMI) designado oficialmente por el Estado español como un mecanismo independiente de seguimiento de la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España, ha señalado a Naciones Unidas que “España aún no ha establecido con carácter general y sistemático los ajustes de procedimiento que permitan a las personas con discapacidad el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad y sin exclusiones”.

Por todo ello, ha concluido la diputada, “las personas con discapacidad se enfrentan continuamente a tratados desigualitarios tanto social como judicialmente y el Gobierno de España sigue de brazos cruzados”. Desde el Partido Popular, “seguiremos en la batalla de terminar con estas injusticias”.