El PP propone un evaluar las políticas públicas y fomentar la educación para ganar en transparencia y participación ciudadana
Víctor Martínez afirma que la actual Ley de Transparencia es manifiestamente mejorable porque nació con el único objetivo de desgastar al Gobierno
El Gobierno regional está haciendo bien los deberes en materia de transparencia y participación y así lo reconocen los organismos evaluadores, ha afirmado el portavoz del grupo parlamentario Popular, Víctor Martínez tras la comparecencia de la consejera de Transparencia,Participación y Portavoz, Noelia Arroyo ante la comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Europea de la Asamblea Regional.
Víctor Martínez se ha mostrado orgulloso del trabajo que se está realizando, la valoración del Partido Popular es positiva, ha dicho para mostrar a continuación la necesidad de conocer también en qué grado o medida los ciudadanos participan en la toma de decisiones. Para medir esta implicación, el portavoz popular ha expresado la necesidad de constituir un organismo u observatorio que analice las políticas públicas del Gobierno ya que debemos saber si lo que hacemos en todos y cada uno de los campos, además de tener una rentabilidad social y económica, llega a los ciudadanos. Y ha añadido que tenemos que saber si las políticas que pone en marcha la Comunidad Autónoma llegan a sus verdaderos destinatarios que son los ciudadanos.
El portavoz regional del PP ha incidido también en la necesidad de fomentar la educación para concienciar en la importancia de la participación y conseguir que desde edades tempranas los pequeños se involucren en la vida pública y la toma de decisiones. Eso nos ayudará a construir una sociedad mejor, ha dicho.
Víctor Martínez se ha referido a la modificación de la Ley de Transparencia aprobada en el año 2015, una ley manifiestamente mejorable concebida por los partidos de la oposición para desgastar al Gobierno y alejada de su verdadero objetivo. En este sentido, ha señalado que el Consejo de la Transparencia se constituyó como un órgano fiscalizador, sancionador contra el Ejecutivo y no como un organismo para implantar la filosofía de una sociedad más transparente, abierta y participativa.