El PP solicita en la Asamblea una tarjeta sanitaria propia para menores dependientes o con discapacidad
Inma González indica que la medida supondrá un ‘alivio’ en las cargas económicas de los familiares y además se hará real un derecho reconocido por la ley a las personas con discapacidad
El Partido Popular ha sacado adelante en la comisión de Sanidad y Asuntos Sociales por unanimidad una moción para promover una tarjeta sanitaria propia para menores dependientes o con alguna discapacidad, que sea independiente de sus progenitores.
La diputada regional, Inma González, ha explicado que los menores de 26 años o que tengan una discapacidad en grado igual o superior al 65% podrán ser beneficiarios de las tarjetas sanitarias de sus progenitores y, por tanto, carecen de una tarjeta sanitaria propia. Sin embargo, según la diputada ‘popular’ esto perjudica a estos menores porque al estar adscritos a la misma tarjeta que sus padres, no ven atendida su situación específica a la hora de recibir determinadas prestaciones o servicios.
Este es el caso del copago farmacéutico del que las personas con discapacidad deberían estar exentas, según el Real Decreto-ley 16/2012, ha matizado la dirigente ‘popular’ quien ha aclarado que esto no sucede en la realidad porque son los padres, como titulares de la tarjeta, los que asumen la correspondiente aportación farmacéutica, generando una situación injusta que perjudica a los colectivos más vulnerables.
González ha añadido que los niños y niñas con discapacidad que son pensionistas o hijos de pensionistas pagan entre el 40% y el 60% del precio de sus medicamentos, además de pañales, alimentación específica, tratamientos de fisioterapia, entre otros, y según la diputada, supone un elevado importe económico mensual que algunas familias tienen dificultades para afrontar.
Desde el PP, ha anunciado Inmaculada González, queremos que el Gobierno de España cree una tarjeta sanitaria propia para los menores dependientes o con discapacidad y que puedan estar exentos del copago farmacéutico tal y como establece la normativa aliviando así las cargas económicas de sus familias.
Esto ya es así en algunas Comunidades Autónomas como en Castilla y León y Canarias.