Valoramos el Informe sobre Vivienda de la Región de Murcia que ha redactado Amnistía Internacional en la medida en que también suma datos y esfuerzos en nuestro común objetivo, ha afirmado la diputada regional del PP, Rosario Montero tras las explicaciones ofrecidas por los representantes de la organización ante la Comisión especial del Pobreza.

 

Montero ha dicho que aunque queda mucho por hacer, también queremos constatar que el Gobierno regional viene desarrollando un destacable trabajo orientado a paliar los efectos de la crisis en el ámbito de la vivienda, y a prevenir futuras crisis y conflictos.

 

La diputada autonómica popular ha querido resaltar el claro descenso del número de ejecuciones hipotecarias experimentado en la Región de Murcia durante 2017, bajaron un 21,2% la cifra más baja desde 2008. Y a continuación, ha puesto en valor las nuevas medidas recogidas en el Plan de Vivienda 2018-2021, que en la Región de Murcia duplica sus fondos hasta los 63 millones de euros. Uno de los aspectos relevantes de este plan es que, las personas afectadas por desahucio contarán con hasta 400 euros al mes para pagar un alquiler, y los mayores podrán contar también con ayudas de hasta 200 euros mensuales para atender el pago de facturas de suministro (agua, luz, gas o de comunidad), ha explicado para añadir que también se ofrecen ayudas destinadas a los jóvenes y mayores de 65 años que podrán ser hasta del 50% del importe del alquiler de un piso, éste plan va a canalizar múltiples ayudas a personas necesitadas de vivienda en nuestra región lo que supone contribuir a mejorar la calidad de vida y garantizar un derecho básico y fundamental.

 

Rosario Montero se ha referido a la actividad desarrollada por por el Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda de la Consejería de Presidencia y Fomento constituido gracias al convenio firmado por la Comunidad Autónoma con las entidades financieras, éste servicio está siendo un instrumento muy útil para mediar en el caso, por ejemplo, de los desahucios, ha afirmado Montero quien ha cifrado en más de 1.200 usuarios los atendidos desde su puesta en funcionamiento. Y ha añadido que se trata de un servicio público cuyo fin es orientar y encauzar muchos conflictos generados en otros espacios. Se consiguen en torno al 70% de daciones en pago y alquiler social a través de la mediación.